Debido a que no existe un organismo regulador que esté supervisado por la ley y asegure un trato justo por parte de las plataformas de streaming como Apple Music y Spotify, múltiples artistas británicos han firmado una petición para frenar actos como el pago mínimo a músicos que forman parte de sus listas de reproducción.
El conflicto se ha agravado a tal punto que estrellas de talla mundial como Rolling Stones, Paul McCartney, Kate Bush o Coldplay han solicitado una correcta regulación de esta tecnología estadounidense, al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.
Es importante mencionar que la propuesta goza ya del respaldo de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo que sostiene que la música «debería ser considerada un derecho de la comunicación pública».
Por su parte los sindicatos Music Producers Guild (MPG) y la Musicians Union, responsables de haber publicado la carta abierta firmada por diversos artistas británicos, aseguran que: «el Reino Unido tiene una larga y orgullosa historia en la que siempre hemos protegido a nuestros productores, emprendedores e inventores. Creemos que todos estos creadores británicos merecen la misma protección que se obtiene en otras industrias cuando su trabajo se ve devaluado».
Es interesante que la exigencia de crear un organismo regulador, cuya función sea canalizar los ingresos que reciben los artistas británicos, se produjo en el marco de la presidencia del Reino Unido en el G7, justo al lograr un acuerdo histórico entre sus miembros para garantizar que las empresas que operan en sus territorios no puedan tributar su actividad fuera de sus fronteras.
En este sentido el mundo de la música del Reino Unido no sólo enfrenta esta problemática con las plataformas de streaming, ya que aseguran que también las discográficas, durante una sesión parlamentaria en Westminster en diciembre del año pasado se les acusó de quedarse con hasta un 82% de los ingresos que genera por esta vía la música de sus artistas.
Finalmente los resultados de la investigación, se harán públicos este mismo verano, lo que podría conllevar a la modernización de la Ley de Copyright del año 1988.