Fuente: El País
Después de que Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, pidiera el 40% de las ganancias obtenidas por Netflix y Telemundo por la teleserie “La Reina del Sur”, las productoras informaron que no otorgarán ni un solo centavo por este reclamo.
Cabe recordar que Ávila reclamó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el pago de derechos por el uso de su imagen para promover la segunda temporada de la serie en 2019 y por el hecho de que el personaje de Teresa Mendoza, esté inspirado en su persona. Lo anterior, a pesar de que el autor de la novela homónima de 2002, el español Arturo Pérez-Reverte, nunca confirmó que la obra esté basada en la historia de Ávila Beltrán.
Sin embargo, Ávila Beltrán asegura que la serie “es una afectación directa a su imagen”, y exige una indemnización por las ganancias que ha generado la transmisión de la serie a lo largo de la última década.
Y es que, la narcoserie, fue llevada a la pantalla por Telemundo en 2011 y pronto se transformó en un éxito rotundo que se multiplicó gracias a Netflix.
Según información publicada en el periódico Milenio, Ávila Beltrán ha iniciado un proceso administrativo ante el IMPI. «Dichas empresas (…) actuaron de manera dolosa, con la intención de desprestigiarme y en base a ello obtener un lucro económico», detalló Ávila Beltrán ante el IMPI.
Por su parte, en su contestación al IMPI, Telemundo y Netflix señalaron que, al ser un personaje público, Ávila Beltrán no puede reclamar derechos sobre su imagen ni invasión a su privacidad; especificando que la serie debe ser vista como un ejercicio “periodístico”, ya que el caso es un asunto de interés público.
Asimismo, los consorcios señalan que sólo hablan sobre una persona vinculada por las autoridades a “un delito que provoca violencia e incontables víctimas en nuestro país” y que las narcoseries están amparadas en la Constitución como un ejercicio de libertad de expresión.
Finalmente es preciso señalar que, Ávila Beltrán se encuentra en libertad desde febrero de 2015 tras pasar siete años encarcelada en Estados Unidos. Se la vinculaba con los narcotraficantes más importantes y se le acusaba de ser parte de las redes de tráfico de drogas entre los dos países, pero su poder en el mundo de los mayores capos nunca pudo ser realmente comprobado en los tribunales. En Estados Unidos llegó a un acuerdo judicial y en México fue liberada luego de que un juez revocara la única sentencia en su contra, por lavado de dinero.